Un reporte publicado este sábado por el canal 12 de la televisión israelí reconoce que un gran rango de los actuales y antiguos funcionarios y personal militar del régimen de Israel podría ser perseguido en el escenario mundial en el caso de que la Corte Penal Internacional (CPI) cumpla con investigar sus actividades en los territorios ocupados palestinos.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció el viernes que ve bases para abrir una investigación completa sobre “crímenes de guerra” perpetrados por el régimen de Israel contra los palestinos y pidió a los jueces iniciar las pesquisas de los crímenes en la ocupada Cisjordania, la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) y la Franja de Gaza.
Aunque el anuncio fue recibido con beneplácito por parte de los palestinos, provocó la gran indignación de los funcionarios israelíes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alegó que la CPI no tiene jurisdicción para investigar en los territorios ocupados tras la guerra de 1967.
El canal 12, no obstante, ha resaltado que, incluso el primer ministro israelí, los ministros de asuntos militares, los jefes de ejército y todos los jefes del servicio de seguridad del Shin Bet de los últimos cinco años podrían ser procesados como consecuencia de las investigaciones de la CPI.
Las pesquisas de CPI incluirán actos de Israel, como la construcción de asentamientos ilegales en la ocupada Cisjordania, sus medidas violentas durante la agresión militar contra la Franja de Gaza en 2014 y la masiva represión de los palestinos en las protestas de la Gran Marcha de Retorno, que se celebran cada semana desde marzo de 2018 en Gaza.
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El examen preliminar de la CPI sobre los crímenes israelíes se inició en 2015 después de que Palestina firmara el Estatuto de Roma y aceptara formalmente la jurisdicción del tribunal sobre su territorio.
Las autoridades palestinas han presentado demandas ante la CPI contra el régimen de Tel Aviv para que sus autoridades de diversos rangos sean juzgadas por sus crímenes de guerra o contra la humanidad, así como por la expulsión de la población palestina en los territorios ocupados, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y las detenciones arbitrarias.
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