Estudiantes universitarios palestinos se habían congregado pacíficamente cerca de la prisión militar israelí ‘Ofer’, en el pueblo de Betunia en las inmediaciones de Ramalá.
Los jóvenes palestinos intentaban mostrar su solidaridad con los presos palestinos en las cárceles israelíes, pero se vieron atacados por militares israelíes que lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que también respondieron lanzando piedras.
Ese mismo jueves, la Franja de Gaza ha sido escenario de una congregación multitudinaria que tenía como objetivo pedir la libertad de todos los prisioneros palestinos detenidos en las cárceles israelíes, donde se encuentran más de 6500 palestinos, entre ellos 22 mujeres y 163 niños.
Estas movilizaciones tienen lugar una semana después de que un recluso palestino de 22 años, llamado Yafar Ibrahim Awad, perdiera la vida por la negligencia médica del centro sanitario israelí donde fue llevado tras haber sido torturado en una prisión también israelí.
En un comunicado conjunto, emitido este jueves, varias facciones palestinas han expresado su repulsa a las “políticas agresivas” del régimen de Tel Aviv contra los presos palestinos.
La nota, divulgada por los movimientos de resistencia palestinos, como HAMAS y la Yihad Islámica, así como la Sociedad de Prisioneros Palestinos (SPP), denuncia que las condiciones de los encarcelados palestinos en prisiones del régimen de Israel han empeorado y, prueba de ello, agrega, es el creciente número de cautivos enfermos sin acceso a atención médica.
El régimen israelí aplica políticas peligrosas con el propósito de debilitar el espíritu de los presos, mientras los grupos de derechos internacionales mantienen silencio respecto al destino de los prisioneros palestinos, enfatiza el texto.
Detenciones sin juicios ni cargos (la llamada ‘detención administrativa’), torturas en los interrogatorios a adultos y niños palestinos, y las violaciones de las leyes internacionales cometidas por el régimen de Israel son numerosas. Las familias de los presos piden que la comunidad internacional cumpla con sus responsabilidades y proteja a los detenidos.
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