Por Xavier Villar
Durante una sesión con la Junta de Gobernadores de la AIEA, Grossi declaró: "Las declaraciones públicas hechas en Irán acerca de sus capacidades técnicas para producir armas nucleares y posibles cambios en su doctrina nuclear solo incrementan mis preocupaciones sobre la precisión y la integridad de las declaraciones de salvaguardias de Irán."
El director general de la AIEA también señaló que han transcurrido más de tres años desde que Irán dejó de aplicar su Protocolo Adicional, lo que ha limitado la capacidad de la AIEA para llevar a cabo inspecciones exhaustivas. "No ha habido ningún avance en la resolución de los problemas de salvaguardias pendientes", afirmó, mencionando las preguntas sin respuesta sobre los rastros de uranio encontrados en sitios no declarados en Varamin y Turquzabad.
Las declaraciones de Rafael Grossi fueron seguidas por la aprobación de una resolución, propuesta por Alemania, Francia y el Reino Unido, que criticaba duramente a la República Islámica por "alejarse de sus compromisos con el JCPOA". Además, esta resolución insta a Irán a "detener de inmediato su escalada nuclear y cumplir con los límites establecidos por el JCPOA".
Lo primero que hay que recordar es que el acuerdo nuclear anterior, conocido como JCPOA y firmado en 2015, fue abandonado de manera unilateral por Estados Unidos bajo la administración Trump, incumpliendo así lo establecido en el propio acuerdo. Este pacto fue ratificado por Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y la Unión Europea.
Esta ruptura unilateral fue percibida por el gobierno iraní, encabezado por el fallecido presidente Raisi, como una confirmación política de la falta de honestidad y compromiso por parte de Occidente. La desconfianza hacia Occidente y la idea de que nunca actúa de buena fe en sus relaciones con la República Islámica son elementos fundamentales de su visión ideológica. La ruptura unilateral del acuerdo nuclear no solo reforzó esa visión política, sino que también responsabilizó a la administración de Rohani, encargada de alcanzar el acuerdo en 2015, por permitir dicha ruptura al no adoptar una postura más firme durante las negociaciones y al no lograr incluir cláusulas en el acuerdo que sancionaran esa posibilidad.
La administración Raisi consideraba que uno de los errores de Rohani fue permitir que, desde el primer momento, el gobierno estadounidense violara el acuerdo. Desde su aprobación, la administración Obama hizo todo lo posible por no cumplir con su parte del acuerdo, en particular la obligación de facilitar y ayudar al sector bancario iraní a reconectarse con el sistema financiero mundial. También se mencionaban presiones a organizaciones financieras, aseguradoras, empresas de hidrocarburos, entre otras, por parte de la administración Obama, para que no firmaran contratos con Irán.
Si analizamos el lenguaje utilizado por Occidente para destacar las diferencias entre los gobiernos de Rohani y Raisi, es evidente la iteración entre el concepto de "buen" y "mal" musulmán. Este lenguaje se emplea para sancionar ciertas formas de ser musulmán, o lo que podríamos llamar "musulmanidad", como aceptables, mientras que se rechazan aquellas otras consideradas como una amenaza. En términos generales, el "buen musulmán", al que se asociaría Rohani y su equipo negociador, es aquel que sigue la lógica del liberalismo, la modernidad y considera a Occidente como un paradigma universal. Por el contrario, la administración Raisi sería catalogada como "mal musulmán", dado que rechaza el proyecto liberal y considera que la influencia occidental representa una amenaza política para la República Islámica.
Por otro lado, es importante señalar que para la República Islámica, la cuestión nuclear está restringida por una fatwa, o edicto islámico, emitida en 2003 por el Ayatolá Ali Khamenei, el actual líder supremo del país. En esta fatwa se prohíbe de manera explícita la producción y el uso de armamento nuclear y biológico.
Varios representantes de la República Islámica han dejado claro que si el país no ha desarrollado armas nucleares no es debido a la falta de competencia técnico-científica, sino por la prohibición explícita de la fatwa. Su importancia es tal que, en 2021, el entonces Ministro de Inteligencia, Mahmoud Alavi, recibió duras críticas por parte de reconocidos juristas islámicos después de haber sugerido que, en caso de sentirse acorralado, el país debería tener armas nucleares para defenderse. Desde un punto de vista jurídico-político, por lo tanto, el tema nuclear está limitado a un programa nuclear civil. Esto no significa que no haya una creciente opinión pública que considere que el país debería tener armas nucleares como medida de protección contra las amenazas occidentales.
El equipo negociador, liderado por el actual Ministro de Exteriores en funciones, Ali Bagheri, se esforzó por evitar repetir errores del pasado al negociar con Occidente, especialmente con los Estados Unidos. La ruptura unilateral del acuerdo por parte estadounidense, como se mencionó anteriormente, se percibe políticamente como un acto de opresión, o "zulm" en términos coránicos, en el que Estados Unidos no respeta los límites de la negociación. Esta narrativa política de Estados Unidos como la parte opresora se conecta con la representación tradicional de los Estados Unidos en el Irán revolucionario como el "Gran Satán". Sin embargo, es importante entender esta etiqueta en términos de la falta de justicia política, y no desde una perspectiva teológica. Esta ausencia de justicia política es lo que ha llevado al actual equipo negociador iraní a dejar claras sus condiciones en estas negociaciones.
Hay que recordar que el actual líder supremo, justo cuando se estaba negociando el acuerdo nuclear de 2015, dejó claro, en una comparecencia pública, que si el acuerdo era implementado, en su totalidad y con buena voluntad por los Estados Unidos, sería posible hablar y llegar a acuerdos en otros temas. Pero la repetida mala voluntad política por parte de los Estados Unidos, evidencia que Occidente, como ideología, no deja de ser un poder opresor, un poder que traspasa las fronteras de la justicia mediante el dominio y la opresión de otros. Por tanto, la República Islámica ha exigido desde el principio una serie de condiciones indispensables para garantizar la presencia de justicia dentro del acuerdo nuclear.
Además de todo lo anterior, es crucial analizar las relaciones entre Irán y la AIEA. El gobierno de Raisi acusó a esta organización de excederse en sus funciones técnicas, que Irán dejó claro que continuaría respetando, para transformarse en una entidad política con una agenda claramente "antiraní". El viaje de Rafael Grossi, secretario general de la AIEA, a Israel, justo un día después de que la Organización se reuniera en Viena para discutir el acuerdo nuclear, fue interpretado por Teherán como una falta de tacto y respeto. Varios medios locales incluso insinuaron la posibilidad de una colaboración encubierta entre la AIEA y el gobierno israelí. Publicaciones como Nournews, que tienen estrechos vínculos con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, sugirieron la posibilidad de que los inspectores de la AIEA compartiesen información confidencial con Israel, la cual podría haber sido utilizada por los servicios de inteligencia israelíes para atacar las instalaciones nucleares iraníes.
Las recientes declaraciones de Grossi, junto con la resolución respaldada por Francia, Reino Unido y Alemania, surgen en un contexto de campaña electoral en Irán. Algunas voces en la República Islámica ven esto como una intromisión de la AIEA en el proceso electoral, con la posible intención de desfavorecer a las opciones políticas que no buscan un acercamiento con Occidente.
Xavier Villar es Ph.D. en Estudios Islámicos e investigador que reparte su tiempo entre España e Irán.
