Según el presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (capital nicaragüense), el magistrado Octavio Rothschuh, las personas en cuestión fueron condenadas “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además, por lesionar los intereses supremos de la nación”.
“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública”, dijo Rothschuh.
Después del traslado, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó por unanimidad una reforma constitucional que despoja de la nacionalidad a quienes sean declarados “traidores de la patria”.
A su vez, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo recordar en la misma jornada que en varias ocasiones había planteado que los llamados presos políticos detenidos “agentes de potencias extranjeras”.
“Ahí tenemos documentación de las embajadas, embajadores europeos con su firma y letra, donde están conspirando. De la misma embajada norteamericana [...] tenemos esas pruebas”, señaló el mandatario.
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