El Departamento estadounidense del Tesoro ha informado en un comunicado que a partir de este martes sancionará a “dos de los más estrechos colaboradores” del Gobierno de Nicaragua: a la vicepresidenta y primera dama, Rosario María Murillo de Ortega, y al asesor de Seguridad Nacional, Néstor Moncada Lau.
“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder”, explica el secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, justificando las sanciones por las que se congelará cualquier propiedad o activo bajo la jurisdicción de Estados Unidos de los dos funcionarios nicaragüenses señalados.
La medida, según el Tesoro, deriva de un decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, que declara una “emergencia nacional” enfrentar las acciones de la Administración nicaragüense y sus promotores “que continúan involucrados en corrupción rampante, desmantelamiento de las instituciones democráticas, serias violaciones de derechos humanos y explotación del pueblo y de los recursos públicos de Nicaragua para beneficio propio”.
La nota también destaca que Estados Unidos “está comprometido con exigir responsabilidades al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada, que han provocado la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”.
La vicepresidenta (Rosario) Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder”, señala el secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, sobre las sanciones impuestas a dos altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua.
A mediados de mes, la Cancillería nicaragüense confirmó que las protestas vandálicas registradas entre abril y julio causaron la muerte de 198 personas —más de 300 conforme a organismos pro derechos humanos— y dejaron multimillonarios daños económicos.
Transcurridos casi siete meses del inicio de la crisis en Nicaragua, el Gobierno de Daniel Ortega se esfuerza por llegar a la reconciliación e instaurar la paz en el país y denuncia que las manifestaciones tienen como objetivo sacarlo del poder con la ayuda de Estados Unidos. La oposición rechaza toda solución propuesta por Ortega y exige elecciones anticipadas.
A principios de este mes, el principal asesor de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que Nicaragua, Venezuela y Cuba constituyen una “troika de tiranía” y prometió una “una campaña de máxima presión” para enfrentar lo que llamó regímenes izquierdistas y antidemocráticos en el hemisferio occidental.
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