Nicaragua enfrentará dos amenazas que se traducirían en efectos económicos para este 2018. Una de ellas es la iniciativa de la ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, con la que los Estados Unidos pretenden controlar los préstamos de bancos internacionales para Nicaragua y con ello exigir al Gobierno del presidente Daniel Ortega mayor transparencia en su gestión.
La propuesta fue calificada por los diputados de este país como injerencista y algunos aseguran que lo único que buscan los congresistas norteamericanos es desestabilizar a Nicaragua.
La segunda amenaza es la Ley Magnitsky que en su lista incluye al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, como corrupto y se prevé que más funcionarios sean incluidos, afectando la imagen país.
El economista Néstor Avendaño asegura que estas sanciones, en caso de ser aprobadas, afectarían el ritmo de crecimiento de Nicaragua, que según las proyecciones del Banco Central para 2018 alcanzará entre 4.5 y 5.2 %.
Según algunos expertos en relaciones internacionales, la iniciativa de Ley Nica Act, podría ser aprobada por el Senado de los Estados Unidos en el primer semestre de este año.
El diputado Walter Espinoza, aboga por el diálogo nacional para solucionar los problemas internos y así evitar la intromisión de los Estados Unidos con el fin de no afectar a la población más pobre del país.
Las última encuesta de M&R Consultores refleja que el 80 % de los nicaragüenses rechaza la iniciativa de ley Nica Act y consideran que son leyes que atentan contra la estabilidad política, económica y social del país.
Moisés Mercado, Managua.
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