Laura Dogu, hasta el lunes embajadora de EE.UU. en Managua (capital nicaragüense), ha asegurado que el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, “no está dispuesto” a buscar una salida negociada a la crisis sociopolítica que atraviesa la nación centroamericana desde abril y que ha dejado 199 muertos.
“Lamentablemente, no veo señales de que el presidente Ortega o la vicepresidenta (Rosario) Murillo estén dispuestos a considerar una solución negociada”, ha señalado la diplomática en un discurso de despedida de su misión diplomática ante miembros de la Cámara de Comercio americana en Nicaragua (Amcham).
Por su parte, Ortega responsabiliza a la oposición del país por las muertes y culpa a los grupos adversarios al sandinismo de protagonizar una cultura de violencia en las marchas antigubernamentales.
Dogu ha señalado que el Congreso estadounidense está al tanto de los “asesinatos” de manifestantes y de las “graves violaciones” a los derechos humanos que ocurren en el país centroamericano.
Lamentablemente, no veo señales de que el presidente (de Nicaragua Daniel) Ortega o la vicepresidenta (Rosario) Murillo estén dispuestos a considerar una solución negociada”, declara Laura Dogu, en un discurso de despedida del cargo de embajadora de EE.UU. en Managua (capital nicaragüense).
Ortega asegura que su Administración luchará por recuperar la paz en el país, a pesar de los intentos de organismos internacionales que apuestan por generar inestabilidad y de grupos opositores, financiados por EE.UU.
En Washington se encuentra una propuesta de ley conocida como Nica Act, que, de ser aprobada por el Senado estadounidense, frenaría desembolsos económicos a Nicaragua hasta por unos 300 millones de dólares, hasta que Managua no celebre unas elecciones “libres, justas y transparentes”.
A juicio de la diplomática, una vez terminen las elecciones del Senado en Estados Unidos a principios de noviembre, “es muy probable que veamos la decisión final del Congreso en lo que respecta” a la Nica Act.
La embajadora ha recordado que, tras las protestas contra Ortega, el Gobierno estadounidense sancionó a 3 funcionarios nicaragüenses bajo la Ley Global Magnitsky por abusos a los derechos humanos y por corrupción, y retiró la visa de ingreso a otra decena de funcionarios y a sus familiares.
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