“Frente a la gravedad de la información publicada, en particular respecto de altas autoridades estatales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado a investigar la integridad de los hechos denunciados”, apunta en un comunicado emitido el miércoles por este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH ha hecho este llamado después de enviar por primera vez a México de modo urgente una delegación especial encabezada por su presidente, James Cavallaro, para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a favor de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos por la fuerza la noche del 26 de septiembre de 2014.
Frente a la gravedad de la información publicada, en particular respecto de altas autoridades estatales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado a investigar la integridad de los hechos denunciados”, apunta en un comunicado la CIDH.
El organismo basa su pedido en los hallazgos de la periodista mexicana Anabel Hernández tras dos años de investigación sobre el caso, que fueron publicados en su libro La verdadera noche de Iguala y que apuntan al Ejército como máximo responsable del trágico incidente.
"Con el fin de garantizar la debida diligencia en la investigación, sin perjuicio de que deban obtenerse y valorarse otras pruebas, las autoridades deben prestar particular atención a la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones", añade el comunicado en alusión a los hallazgos de Hernández.
Según su investigación, fue el Ejército el que ordenó parar dos autobuses tomados por los estudiantes, pues llevaban un cargamento de heroína valorado en dos millones de dólares. Pero, según la versión oficial, los 43 jóvenes fueron arrestados por policías municipales de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó y quemó en un basurero.
La periodista afirma no obstante que fue el Ejército el que tomó el control de la situación, siguió órdenes de un capo local desvinculado de Guerreros Unidos e hizo desaparecer a los jóvenes para eliminar testigos. "Hay casquillos que prueban la participación armada del Ejército. El Ejército disparó esa noche y el Gobierno lo ha negado", resalta Hernandéz.
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