El argumento que dio lugar a que el Centro de Acción Legal, Social y Ambiental de Guatemala (CALAS) interpusiera un amparo contra las operaciones de minera San Rafael, es la falta de consulta a los pueblos originarios implícita en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La mina fue clausurada temporalmente por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) quien analiza el cierre definitivo, no obstante, la resolución ha tardado más de seis meses y, de acuerdo a empresarios, la incertidumbre afecta directamente las inversiones de capital local y extranjero sin tomar en cuenta la pérdida de empleos directos e indirectos.
La CC deberá resolver lo más pronto posible si ordena el cierre definitivo de la mina o no con base en informes antropológicos y científicos que le fueron solicitados a las partes interesadas hace algunas semanas.
Tanto las comunidades campesinas como los pueblos indígenas anunciaron nuevas movilizaciones para el próximo 12 y 20 de abril, una en apoyo a la lucha contra la corrupción y la otra para exigir el cese definitivo de las opresiones mineras en el país.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
xsh/nii/
