Unidas Podemos, junto a los partidos de corte independentista, ha pedido este viernes en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación en relación a la segunda regularización fiscal por importe de algo menos de 4400 000 euros sobre un patrimonio no declarado a la Hacienda Pública por parte del rey emérito Juan Carlos I.
La solicitud basa su argumentación jurídica en el “indudable interés público” que tiene la decisión del rey emérito de requerir por “segunda vez en pocos meses” una regularización tributaria de importante cuantía y la obligación que tiene el Parlamento de investigar “cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas”.
El grupo confederal señala en su propuesta que la iniciativa de regularización fiscal presentada por Juan Carlos I, una vez que los medios de comunicación hicieran eco de la existencia de presuntos “fondos opacos”, de los cuales se benefició el exjefe de Estado tras su abdicación, “podrían implicar la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad” contemplada para la figura del rey en la Carta Magna.
Por ello, Unidas Podemos y el resto de firmantes resaltan expresamente que el ámbito de actuación de la comisión se ceñirá al periodo posterior a la abdicación del rey a favor de su hijo, Felipe VI.
La razón de esta puntualización reside en que quieren evitar así el veto de otros partidos mayoritarios, es decir el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox a la apertura de la investigación, ya que estas tres formaciones por norma general han venido rechazando tales propuestas, alegando que la figura del jefe del Estado es “inviolable”, según la Constitución.
La referida segunda regularización tributaria precede a una anterior de menor cuantía que el ex jefe de Estado español presentó al Ministerio de Hacienda a mediados de diciembre mientras la Fiscalía indagaba el origen de estos fondos no declarados. Hay quienes opinan que esta maniobra de Juan Carlos I, que huyó a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en agosto pasado, responde a un intento por evitar ser acusado por un delito fiscal.
El rey emérito está envuelto en presuntos casos de corrupción y fraude fiscal por no haber declarado las rentas que percibía de los fondos y toda una serie de cuentas bancarias que tenía a su nombre fuera de España.
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