“287g” pareciera tan solo un número común y corriente dentro de la nomenclatura en la burocracia de un gobierno fuera de control. Al contrario, según activistas de derechos humanos, bajo esta fórmula se esconde un aparato de terrorismo de Estado y ganancias derivadas del tráfico humano como herramienta antimigratoria.
La Administración de Biden es responsable por más de cuatro millones y medio de deportaciones. Pero este es solo el desenlace de un calvario que para muchos inmigrantes puede durar meses o años en campos de concentración privados.
Detrás de la expansión del programa 287g se esconden los incentivos financieros para las fuerzas del orden. En este sentido, aquel policía que cumple la doble función de agente del orden, pero también agente migratorio, se ve representado en los incrementos de presupuestos para las agencias y departamentos de policía, pero también en las ganancias de los contratistas relacionados con dicho sector.
Beatriz tuvo la desgracia de caer en las redes del sistema policial/carcelario migratorio estadounidense cuando huía de la violencia en su país.
Beatriz no está sola, su historia la comparten millones de seres humanos que huyen precisamente de las condiciones que EE.UU. creó en sus países de origen.
Marcelo Sánchez, Washington.
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