El portal local Bloomberg, en un reporte publicado el sábado, señala que Stephen Miller, un alto asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, buscó durante dos años una forma en que los estados no permitieran a los niños inmigrantes indocumentados estudiar en las escuelas públicas.
Esto, pese a que, en 1982, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. dictaminó que era ilegal impedir que los niños acudan a escuelas públicas con base en su condición migratoria.
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El Gobierno de Trump, agrega la página web, quería enviar un memorándum guía para que el Departamento de Educación informara a los estados la posibilidad de que rechacen a los niños indocumentados. Sin embargo, un alto funcionario de la administración, dijo a Bloomberg que esas afirmaciones eran meros rumores.
destinar fondos para matricular a niños indocumentados presiona nuestro sistema de escuelas públicas”, declaró el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Aun cuando la Administración de Trump trató de mantener a los niños indocumentados fuera de las escuelas públicas, la iniciativa de Miller no prosperó debido a que estaba en contradicción con el fallo del Supremo al respecto.
La medida, si se hubiera entrado en vigencia, habría tenido consecuencias en contra de unos 725 000 estudiantes indocumentados, o el 1,3 % de todos los estudiantes en el sistema escolar público.
El pasado mayo, el propio Trump en alusión al fallo de 1982 declaró que “destinar fondos para matricular a niños indocumentados presiona nuestro sistema de escuelas públicas”. Para muchas familias sin papeles en EE.UU., el presidente republicano está construyendo otro muro invisible dentro del mismo país.
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El fallo de 1982 tumbó una normativa texana que negaba el acceso a la educación pública a los niños indocumentados. El estado cobraba hasta entonces una tasa anual de 1000 dólares a cada niño sin papeles que se matriculara en las escuelas públicas. La Justicia estimó que esta regulación estatal iba en contra de la Enmienda 14 que establece que los estados no pueden “privar a nadie de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal”.
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