A través de un mensaje publicado el sábado, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó “la asignación por el Departamento de Estado de hasta un millón de dólares para convocatoria y contratación de participantes en la subversión contra Cuba”.
El jefe de la Diplomacia cubana señaló que la iniciativa es una “flagrante agresión y violación del derecho internacional”, y amenazó con que Cuba la enfrentará “con el peso de la ley”, dando a entender futuras acciones legales contra el Gobierno estadounidense.
A su vez, la subdirectora a cargo de América del Norte en el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (Minrex), Johana Tablada, denunció también en su cuenta de Twitter la reciente decisión de EE.UU. de destinar más dinero “para agresión e injerencia en asuntos internos de Cuba”.
“Ilícitamente, el Departamento de Estado anuncia que repartirá un millón de dólares para proyectos de subversión que justifiquen supuestas acusaciones contra la situación de derechos humanos en Cuba”, criticó.
En medio de su creciente hostilidad hacia la isla, el Departamento estadounidense de Estado proyecta distribuir, antes de finalizar este año en curso, una nueva asignación millonaria de fondos, a su juicio, para “fortalecer la acción de grupos independientes de la sociedad civil en Cuba” de cara a brindar apoyo al llamado Movimiento San Isidro (MSI), de la oposición cubana, que protesta en contra del encarcelamiento del opositor Denis Solís.
Con evidencias, las autoridades de Cuba han mostrado en la televisión nacional los vínculos de representantes de dicho movimiento con agencias y funcionarios de Washington.
El Gobierno de EE.UU. ha llevado a cabo varias campañas de presión contra Cuba. El propio país norteamericano ha informado destinar más de 261 millones de dólares en proyectos de subversión contra Cuba desde 1990 hasta el presente año, conforme difundió en octubre el sitio web Cuba Money Project.
Según dicho portal, más de 124 millones de dólares abonaron al propósito descrito como ‘participación democrática y sociedad civil’, 38 millones a ‘derechos humanos’ y 25 millones a ‘medios y libre flujo de información’.
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