“Hoy tenemos el gran desafío de que el pueblo boliviano vuelva a confiar en las Fuerzas Armadas, vuelva a confiar en que las Fuerzas Armadas respetarán los procesos democráticos”, ha afirmado este lunes Luis Arce en el acto de posesión.
El flamante mandatario ha asegurado que, ahora el “gran reto” es devolverles a las Fuerzas Armadas su institucionalidad y el lugar en la sociedad “que lamentablemente se utilizó equivocadamente”.
Arce ha pedido a las filas militares, “cohesionadas con su pueblo”, que trabajen “para lograr la unidad de todos los bolivianos”.
Posesionamos al nuevo Mando Militar del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene la gran responsabilidad de devolverle a las #FFAA la institucionalidad que establece la Constitución Política del Estado, al servicio del pueblo boliviano. #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/kxVUQpaPZ6
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 16, 2020
“Trabajemos para defender la democracia, la paz social, así como garantizar la estabilidad de nuestro gobierno elegido por voluntad soberana de pueblo, en el marco de la Constitución Política del Estado”, ha manifestado.
En la ceremonia, Jaime Alberto Zabala ha jurado como el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, quien reemplaza al general del Ejército Sergio Orellana, designado por la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) en noviembre de 2019, tras el golpe contra Evo Morales.
Miguel Ángel Contreras ha sido posesionado como jefe de Estado Mayor; Faut Ramos Espinoza como comandante general accidental del Ejército; César Moisés Vallejos como comandante general de la Fuerza Aérea y Javier Torrico Vega como comandante general de la Armada.
Las Fuerzas Armadas y la Policía fueron clave en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, obligando a Morales a dejar el cargo. En varias ocasiones, el líder indígena ha cargado contra los altos mandos castrenses de Bolivia por condecorar a “golpistas”, que masacraron a la población.
Tras la dimisión de Morales y la instalación del gobierno de facto, Áñez emitió un decreto que exime de cualquier “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad que reprimieron las protestas contra el golpe de Estado.
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