El gobierno interino de Jeanine Áñez utiliza la justicia como arma. Eso es la conclusión al que llega Human Right Watch (HRW) en un informe de 47 páginas sobre la persecución política contra el expresidente Evo Morales.
El reporte afirma que el gobierno de Áñez “ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos”. La ONG rechazó las acusaciones de terrorismo contra Morales por una conversación telefónica que el líder indígena supuestamente tuvo en noviembre de 2019 mientras sus seguidores bloqueaban carreteras en protesta contra el golpe de Estado.
El organismo condenó además cargos infundados contra los aliados de Morales, algunos de los cuales fueron acusadas de terrorismo tan solo por haber telefoneado a Morales.
La ONG instó a las autoridades bolivianas a dejar de intervenir en el sistema judicial del país. En este sentido, consideró urgente una reforma judicial.
En noviembre de 2019, tras un golpe de Estado orquestado por la oposición y apoyado desde el exterior, Evo Morales se vio obligado a dimitir e irse del país. La exsenadora Áñez asumió la presidencia interina e inició una campaña de difamación contra Morales y su partido.
La más reciente medida fue la inhabilitación del exmandatario izquierdista para ser candidato a senador. Morales la calificó como “ilegal” y aseguró que nadie podrá proscribir al pueblo.
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