Según el diario local Myanmar Times, citando ese partido opositor birmano que reivindicó una gran victoria en los comicios del pasado domingo, la decisión fue adoptada después de que las autoridades electorales se demoraran horas en anunciar los resultados, sin dar explicaciones al respecto. Según lo previsto, los resultados debieron a darse a conocer el lunes por la mañana.
La Comisión Electoral de la Unión se demoró intencionalmente para probablemente hacer una jugarreta (…) Eso no tiene sentido anunciar los resultados en partes. No debe ser así”, indicó Win Htien, portavoz de LND.
“La Comisión Electoral de la Unión se demoró intencionalmente para probablemente hacer una jugarreta (…) Eso no tiene sentido anunciar los resultados en partes. No debe ser así”, indicó Win Htien, portavoz de LND a los periodistas.
LND prosiguió que el UEC ordenó a los oficiales electorales locales que mandaran los resultados del escrutinio directamente a sus oficinas en Naipyidó, capital birmana, en lugar de enviarlos primero a las autoridades electorales locales y del Estado.
En el mismo contexto, Phil Robertson, subdirector para Asia de la organización Human Rights Watch (HRW), cuestionó la transparencia de esos comicios.
“La pregunta (…) será si son justos los resultados de las elecciones”, indicó Robertson, quien expresó preocupación por las alegaciones de parcialidad en UEC.
El presidente de UEC, U Tin Aye, rechaza las acusaciones y sostiene que solo se han registrado 48 casos de irregularidades en todo el país.
Después de 25 años de dictadura militar, los birmanos pudieron por fin ejercer su derecho a voto para elegir democráticamente a un jefe de Estado.
La líder de LND, Aung San Suu Kyi, aspira a ser presidenta, pero la Constitución redactada y aprobada en 2008 por la última junta militar no lo permite, aunque la LND gane la mayoría absoluta en esos comicios.
En las últimas elecciones celebradas en 1990, la opositora LND logró obtener 392 escaños parlamentarios de un total de 492, pero la junta militar cambió los resultados y sometió a Aung San Suu Kyi a un arresto domiciliario.
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