Aung San Suu Kyi, la líder de facto del Gobierno birmano y premio Nobel de la Paz, ha comparecido este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para responder por el hecho de que se pusiera de lado del Ejército birmano cuando este perpetró crímenes de lesa humanidad, en dos operaciones brutales, en contra de la minoría musulmana Rohingya, en 2016 y 2017, en las que miles de civiles fueron asesinados y cientos de miles sobrevivieron para posteriormente huir del país.
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Gambia denunció, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el pasado 11 de noviembre, a Myanmar ante la CIJ por violar la Convención contra el Genocidio de 1948, que el país del Sudeste Asiático ratificó en 1956, por sus campañas contra los Rohingya. Debido a este hecho, en esta primera cita del proceso ha estado presente el ministro gambiano de Justicia, Abubacarr Tambadou, en calidad de querellante.
“Todos los genocidios ocurridos en la historia han tenido sus propias causas con su contexto político único, pero esto no sucede de la noche a la mañana, sino que está precedido de una historia de desconfianza y propaganda que deshumaniza a otros. (…) Todo lo que Gambia pide es que digan a Birmania que ponga fin a estas matanzas sin sentido, que cese estos actos de barbarie y este genocidio contra su propio pueblo”, ha señalado Tambadou, quien fue el primero en declarar ante la corte.
Más de 740 000 Rohingya han huido a Bangladés desde agosto de 2017, cuando el Ejército birmano intensificó sus ataques contra dicha comunidad, quemando cientos de viviendas y aldeas enteras en Rajine (oeste de Myanmar). Ahora, muchos de ellos esperan que la CIJ de La Haya haga justicia y reconozca el genocidio que el Ejército birmano cometió con el apoyo de Suu Kyi.
Un informe de la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA, por sus siglas en inglés) reveló que más de 115 000 viviendas de los Rohingya, en su mayoría ubicadas en el estado de Rajine, fueron presa de las llamas, mientras que unas 113 000 fueron completamente destrozadas por las fuerzas estatales.
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“Somos conscientes del juicio, pero el problema sigue siendo que nuestra gente está sufriendo, ya que han sido torturados duramente por los militares. Espero que el veredicto nos sea favorable”, ha dicho Mohammad Jubair, uno de los responsables de la Sociedad Rohingya Arakan para la Paz y los Derechos Humanos.
Las organizaciones pro derechos humanos han condenado la mortífera represión de los Rohingya. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a esta minoría la más perseguida del mundo y acusa al Gobierno birmano de cometer una “limpieza étnica” en su contra.
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