Según informes de la cadena Al Jazeera, Itamar Ben-Givir, polémico ministro de seguridad nacional del régimen de ocupación israelí, ha exigido este viernes bombardear deliberadamente almacenes de alimentos y plantas generadoras de electricidad en la asediada Franja de Gaza, como parte de la escalada de agresiones contra el territorio palestino.
Al justificar esta medida criminal, como parte de estrategias para liberar los retenidos israelíes en poder del Movimiento de Resistencia de Palestina (HAMAS), Ben-Gvir ha declarado que “HAMAS tiene interés en mantener a los prisioneros israelíes, por lo que debemos tomar el control total de Gaza para recuperarlos”, dejando al descubierto la política de castigo colectivo del gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
La polémica declaración se produce en medio de un grave conflicto interno en la entidad sionista. Ben-Gvir ha confirmado su enfrentamiento con Ronen Bar, director del Shin Bet (servicio de inteligencia interna), a quien acusó de incompetencia y respaldó el derecho de Netanyahu a reemplazarlo, evidenciando las profundas divisiones en la cúpula del régimen ocupante.
Este llamado a atacar infraestructura vital para la supervivencia civil (protegida por el derecho internacional) busca intensificar el asedio genocida contra Gaza, donde más de 2.3 millones de palestinos sufren hambre y falta de medicinas. Los organismos de la ONU han advertido que la destrucción deliberada de estos objetivos constituiría un crimen de guerra.
En tanto, Israel intensifica sus operaciones militares en el territorio palestino, donde más de 33 000 civiles han sido asesinados desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza. Expertos en derecho internacional denuncian que el bloqueo sistemático de alimentos, agua y medicinas constituye un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma, calificando la situación como “castigo colectivo” prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra.
Organizaciones humanitarias documentan casos de desnutrición infantil severa y brotes epidémicos por la contaminación de aguas, mientras Israel rechaza sistemáticamente las solicitudes de ingreso de ayuda.
La comunidad internacional acusa al régimen israelí de utilizar el hambre como arma de guerra, una práctica expresamente prohibida por las convenciones internacionales.
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