“Creemos que el fallo [de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)] deja claro que es plausible que se esté produciendo un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza”, ha indicado este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, a los periodistas.
En este sentido, ha agregado que “esto necesariamente impone a todos los Estados la obligación de dejar de financiar y facilitar las acciones militares de Israel”.
La canciller también ha aseverado que se había reunido la semana pasada con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para discutir una remisión conjunta realizada por Sudáfrica en noviembre con otros países sobre la situación en los territorios palestinos.
Pandor ha agregado que le preguntó al fiscal de la CPI por qué pudo emitir una orden de arresto para el presidente ruso, Vladímir Putin, y no puede hacerlo para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lamentando que él no respondió a esa pregunta.
A finales de diciembre, Sudáfrica presentó una demanda ante la CIJ contra el régimen israelí por actos de genocidio en Gaza y pidió al tribunal tomar medidas inmediatas para poner fin al derramamiento de sangre en el enclave palestino, donde los bombardeos israelíes han matado a al menos 26 900 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre.
La semana pasada, la CIJ emitió un fallo provisional contra Israel en el que ordenó al régimen tomar “todas las medidas a su alcance” para impedir “actos de genocidio” en Gaza, aunque no le obligó a poner fin a las operaciones militares en el enclave palestino, sí le dio un mes para presentar un reporte sobre las medidas ordenadas.
Sudáfrica ha sido durante décadas una defensora de la causa palestina, comparando la difícil situación de los palestinos con la de los sudafricanos negros bajo el apartheid.
Israel ha negado las acusaciones de genocidio y rechaza la comparación con la era del apartheid, a pesar de que importantes organizaciones de derechos humanos han determinado que ha superado el umbral para ser descrito como un régimen de apartheid, incluidas B’Tselem, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).
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