Los Estados Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) “condenan enérgicamente cualquier imposición que pretenda despojar a los países hermanos de América Latina y el Caribe de sus activos y repudia, una vez más, este acto de piratería en perjuicio del Estado venezolano, en total contravención del Derecho Internacional”.
En un comunicado emitido el martes, la organización recordó que anteriormente Washington ejecutó acciones semejantes contra Caracas al incautar la aeronave propiedad de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa.
ALBA-TCP también puso de relieve que la confiscación del avión presidencial “se suma a una serie de agresiones por parte de las administraciones estadounidenses contra el pueblo y el gobierno venezolano” con miras a “ejercer presión para alterar la voluntad democrática del pueblo venezolano y crear condiciones para un cambio de gobierno”.
Lamentó asimsimo que el secuestro de la aeronave presidencial haya ocurrido en la República Dominicana, y considera que fue violada la soberanía de ese país y el principio de no injerencia.
El lunes, la aeronave Dassault Falcon 900EX, propiedad del Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país caribeño y transferida a Florida (EE.UU.) por haber violado las sanciones que pesan sobre Venezuela, según el Departamento de Justicia estadounidense.
Esto ocurre en momentos en que Venezuela enfrenta movimientos de la ultraderecha que intentan, incluso con metodos violentos, cambiar los resultados oficiales electorales del 28 de julio que dieron la victoria al presidente Maduro.
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