“La República Bolivariana de Venezuela denuncia que el 22 de mayo de 2020, el Tribunal del Distrito de Delaware, EE.UU., emitió una decisión, mediante la cual ordenó llevar adelante los procedimientos para la venta judicial de las acciones de la empresa estatal venezolana Citgo Petroleum pertenecientes a PDV Holding, empresa propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A.”, se lee en un comunicado publicado este domingo por la Cancillería venezolana.
La decisión de liquidar los bienes de Venezuela ha sido tomada para favorecer a la compañía minera canadiense Crystallex, que fue nacionaliza en 2011 por el Gobierno venezolano tras el incumplimiento de una serie de medidas ambientales. El fallo autoriza el cobro de 1400 millones de dólares por parte de la empresa canadiense, que demandó al Estado venezolano en los tribunales de EE.UU.
El país bolivariano ha descrito la medida como “de arbitrariedad y piratería moderna”, afirmando que queda clara la existencia de un plan por parte del Gobierno estadounidense de confiscar los activos de PDVSA en EE.UU. en pro del líder opositor Juan Guaidó y sus cómplices, que buscan derrocar el Gobierno del legítimo presidente del país, Nicolás Maduro.
En este sentido, ha indicado que la orden dictada por el tribunal estadounidense es un proceso que carece de legitimidad y que actúa en detrimento del interés nacional venezolano, en beneficio de las intenciones injerencistas.
#COMUNICADO | Venezuela denuncia la decisión del Tribunal del Distrito de Delaware, EEUU, sobre la venta judicial de las acciones de la empresa Citgo, propiedad de PDVSA, luego de llevar a cabo un acto de piratería moderna a través de un proceso que carece de legitimidad. pic.twitter.com/o9WtjecwNB
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) May 24, 2020
De acuerdo con el texto, la sentencia pretende ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro International de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por valor de 1,2 millardos de dólares, a partir de una reclamación realizada por la empresa canadiense Crystallex en contra de la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando ni PDVSA ni Citgo ni PDV Holding son deudores de Crystallex ni fueron sujetos del procedimiento ante el Tribunal Arbitral del CIADI.
La autorización del remate de las refinerías propiedad del Estado venezolano llega en un momento crítico para el país sudamericano, que sufre por la escasez de combustible como resultado de las sanciones estadounidenses encaminadas a forzar la salida del poder de Maduro.
Tras el autonombramiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019, el Departamento de Estado de EE.UU. certificó en enero de ese mismo año al líder opositor para “recibir y controlar ciertos bienes” del Estado venezolano, confiscó Citgo y dispuso que una junta directiva, designada por el propio Guaidó, se encargase de gestionar la empresa estatal.
Además, Washington congeló todos los fondos de PDVSA y anunció sanciones contra la compañía, incluida la congelación de activos por valor de 7000 millones de dólares y el bloqueo de todos los pagos que emitan empresas estadounidenses cuando compren petróleo venezolano.
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