“Irán está monitoreando de cerca los efectos técnicos y políticos de esta decisión, y si tiene un impacto negativo en sus derechos nucleares […], tomará las medidas prácticas y legales necesarias”, ha declarado este sábado el portavoz de la Cancillería de Irán, Seyed Abás Musavi.
El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el fin de algunas de las exenciones a proyectos nucleares con Irán, y que estaban incluidos en el acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).
Washington anuló algunas exenciones que permitían a empresas extranjeras trabajar con Irán en actividades nucleares civiles, como estipula el pacto nuclear. EE.UU., después de abandonar el PIAC y reimponer sus sanciones a Irán, anunció exenciones, temporales y revisables, para que los Estados que seguían en el acuerdo pudiesen cooperar con Irán sin exponerse a los embargos en proyectos nucleares de tipo civil contemplados en el pacto.
Para Musavi, esa medida de Washington es una “violación flagrante” de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de este organismo. Además, “ignora los derechos obvios de Irán y altera el orden internacional”, advierte el diplomático persa.
Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, los signatarios del acuerdo nuclear que siguen en el pacto, también han condenado esta decisión de la Administración estadounidenses, presidida por Donald Trump.
Este mismo sábado, Londres, París y Berlín han emitido un comunicado conjunto, donde “han lamentado profundamente la decisión de Estados Unidos”.
Efectivamente, dichas exenciones habían permitido a empresas rusas, chinas y europeas trabajar en la conversión del reactor iraní de agua pesada de Arak y en el suministro de uranio enriquecido para un reactor del centro de investigación de Teherán, lo que, según un informe del diario estadounidense The Washington Post, quiere impedir el Gobierno de Trump.
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