La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) aseveró el lunes que el informe del régimen de Baréin que “niega que la Policía y los oficiales de los centros de detención golpearon, insultaron y amenazaron con violar sexualmente a cuatro niños, de 15 a 17 años, detenidos a fines de 2020 y 2021, carece de credibilidad frente a pruebas contundentes”.
La presentación del documento “es un esfuerzo descarado para encubrir graves violaciones de derechos humanos”, condenaron HRW y el Instituto de Derechos y Democracia de Baréin (BIRD, por sus siglas en inglés), en un comunicado.
Baréin ha detenido, entre abril de 2020 y marzo de 2021, en varias ocasiones a estos menores de edad para interrogarlos en centros de detención acerca de sus acciones durante la celebración en febrero de ese año del décimo aniversario de las protestas populares que se produjeron entre 2011 y 2012 contra el régimen de los Al Jalif.
“Si las autoridades de Baréin se libran de una acusación de maltrato infantil cruel con una investigación falsa, no hay nada que les impida volver a hacerlo mañana”, alertó Sayed Ahmad al-Wadaei, uno de los responsables del BIRD.
El director de defensa de BIRD condenó también la reciente ratificación del Gobierno británico a este informe engañoso que el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior de Baréin presentó el 14 de marzo en el que asegura que ninguno de los menores fue abusado bajo custodia.
“Los gobiernos extranjeros como el Reino Unido que apoyan la seguridad y la aplicación de la ley de Baréin deberían presionar para que se rindan cuentas, no continuar como de costumbre con funcionarios que torturan a niños”, afirmó.
El régimen de los Al Jalifa se niega a presentar cargos contra un grupo de sus funcionarios públicos por haber cometido estas violaciones de los derechos humanos pese a que las investigaciones realizadas por estas dos ONG confirman que los menores detenidos fueron sometidos a todo tipo de vejaciones, golpes y amenazas, incluida con violencia sexual.
Activistas y organizaciones de derechos humanos acusan a la dinastía gobernante de los Al Jalifa de tratar de silenciar cualquier voz disidente desde la revuelta de 2011, la cual fue reprimida, como todas las protestas siguientes, con la intervención del Ejército de Arabia Saudí.
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