Según la procuraduría de esa urbe italiana, que cerró el miércoles las pesquisas relacionadas con las irregularidades registradas en el Instituto diocesano de Terni Narni sobre la compraventa del castillo de San Girolamo, en la ciudad de Terni, los indagados han de responder a las acusaciones.
Hace cuatro años, las referidas irregularidades en el concurso público para la compraventa del castillo dieron inicio a una investigación en el Instituto diocesano, que según la procuraduría italiana, fue la principal entidad que se beneficiaba del fraude.
Los acusados, el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, monseñor Vincenzo Paglia, el vicario episcopal de la diócesis de Terni, Francesco De Santis, y el presidente del Instituto diocesano para el sostenimiento del clero, Giampaolo Cianchetta, además, han de responder a los delitos de asociación para “delinquir”, “daños a la localidad de Terni”, “ejercicio abusivo del crédito” y “apropiación indebida”.
Los resultados de la investigación suponen un duro golpe para el Vaticano, en especial por el caso de Paglia, quien además es uno de los representantes más notables de la comunidad de Sant’Egidio (fundada en Roma, capital) y el obispo de dicha diócesis de 2000 a 2012.
En 2011, el castillo de San Girolamo en Terni fue vendido formalmente por la empresa inmobiliaria IMI, venta que, en realidad, había sido realizada utilizando indebidamente dinero de la diócesis de Terni Narni.
De acuerdo con las investigaciones de la procuraduría, el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, de 70 años, habría sido uno de los promotores principales del negocio.
No es el primer caso de esta índole que salpica a la Santa Sede. En julio de 2013, el director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco Vaticano, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, dimitieron en plena investigación por fraude.
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