El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa conjunta celebrada este lunes en Moscú, la capital rusa, con su homólogo nicaragüense, Denis Moncada, ha deplorado la injerencia de otros países en los asuntos internos de Nicaragua de cara a comicios previstos para el 7 de noviembre.
“Nos solidarizamos con Nicaragua en la defensa de su independencia y su soberanía. Rechazamos categóricamente los intentos de interferir en los asuntos internos de ese país, como de cualquier otro Estado”, ha subrayado el canciller ruso.
Asimismo, Lavrov ha reiterado que el pueblo nicaragüense “es absolutamente capaz” de determinar su destino y está en su derecho de trazar su propio futuro. Dicho esto, ha alertado que hoy por hoy existen actores regionales y globales que intentan socavar el desarrollo económico de cualquier país con la meta de provocar un descontento generalizado que termine en algún que otro estallido social contra sus propias clases gobernantes.
Por su parte, el jefe de la Diplomacia nicaragüense —que se encuentra de visita en el país euroasiático para asistir a una ceremonia con motivo del 42º aniversario del triunfo de la revolución sandinista— ha manifestado que el Ejecutivo de Nicaragua continuará fortaleciendo las relaciones estratégicas entre Managua y Moscú, no sin antes, calificar de muy positiva y productiva la cumbre con su homólogo ruso.
En las próximas elecciones presidenciales de Nicaragua, previstas para el próximo 7 de noviembre, el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, buscará prolongar su mandato por otros cinco años después de haber recuperado la Jefatura del Estado del país centroamericano en 2007, cargo que ocupó entre los años 1979 y 1990.
A este respecto, EE.UU., Canadá y algunos de sus aliados que se oponen al Gobierno de Ortega, tratan de poner obstáculos a sus gestiones al mando del país, recurriendo a cualquier estratagema a su alcance como aplicar sanciones que provocan dificultades económicas.
La semana pasada Canadá impuso una serie de embargos contra 15 funcionarios allegados de Ortega, entre ellos, su hija, para prohibir sus nexos económicos y comercios con ciudadanos canadienses. También, Washington puso restricciones de visado para 100 miembros del Poder Legislativo, fiscales, jueces y otros funcionarios del Judicial de Nicaragua, bajo el pretexto de erosionar la democracia.
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