• El Ejército de México patrulla en estado de Veracruz, 24 febrero de 2018.
Publicada: martes, 12 de junio de 2018 2:14
Actualizada: miércoles, 13 de junio de 2018 2:12

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció al Ejército de México por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“La investigación de las organizaciones denunciantes revela por primera vez ante la CPI las atrocidades cometidas por militares en Chihuahua (norte) entre 2008 y 2010, que calificarían como crímenes de lesa humanidad”, ha dicho Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, a la agencia rusa de noticias Sputnik.

De acuerdo con Culebro, “esos delitos habrían sido perpetrados con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas” en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales y del narcotráfico, decretada por el Gobierno de México en el año 2007.

La activista ha aseverado que las atrocidades registradas en Chihuahua son resultado del despliegue de militares para actividades de seguridad pública, lo cual ha dejado más de 200 000 muertos y 35 000 desaparecidos en más de una década.

La investigación de las organizaciones denunciantes revela por primera vez ante la CPI las atrocidades cometidas por militares en Chihuahua (norte de México) entre 2008 y 2010, que calificarían como crímenes de lesa humanidad”, ha dicho Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos.

 

Los despliegues militares en las calles ahora están autorizados por la Ley de Seguridad Interior, promulgada en noviembre de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto.

“La nueva Ley de Seguridad Interior no rediseñó la seguridad ciudadana y mantiene las operaciones ejecutadas por militares que no están preparados para tareas de seguridad pública”, indicó la defensora de víctimas de derechos humanos.

Hasta el momento, ninguno de los máximos responsables de estos casos ha sido investigado, procesado o sancionado.

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