La imagen de Estados Unidos entre los iraquíes se ve bastante deteriorada, de manera nunca antes vista. La nación árabe está harta de las atrocidades norteamericanas en su patria, así que ha llegado a la conclusión de que no tienen cabida en Irak las tropas estadounidenses.
Fue el último episodio de esta horrenda serie el ataque aéreo con drones, acaecido el día 3 del mes en curso, en que cayeron mártires el teniente general iraní, Qasem Soleimani, quien fuera el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), y sus 9 compañeros.
Los ciudadanos consideran que el hecho fue una flagrante violación a la soberanía de su país, ya que el general iraní y sus cuatro compatriotas se encontraban en Irak por invitación formal del Gobierno de Bagdad, y que los otros 5 militares iraquíes que también perdieron la vida por el ataque formaban parte de las Fuerzas Armadas del país árabe.
Entre las figuras iraquíes que fueron martirizadas en la madrugada de aquel 3 de enero por la embestida relámpago estadounidense, se encontraba Abu Mahdi al-Muhandis, el número dos de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe). Quedó claro que esta división militar es un brazo armado formal del Gobierno iraquí y lucha codo a codo junto al Ejército iraquí en la primera línea del frente antiterrorista.
Por todo ello, el Parlamento iraquí ratificó el 5 de enero, es decir dos días después de la agresión de EE.UU. en Bagdad, una histórica resolución pidiendo al Gobierno cancelar la solicitud de asistencia militar de Washington y poner fin al militarismo estadounidense en el suelo de Irak.
Antes de tomar tal medida estratégica, un total de 170 diputados chiíes iraquíes respaldaron en la misma jornada una moción orientada a derogar el acuerdo con EE.UU. que legaliza la presencia de la llamada coalición contra los terroristas del EIIL (Daesh, en árabe) en el país árabe.
“Poner fin a la presencia de tropas foráneas conviene tanto a los intereses de Estados Unidos como a los de Irak”, dijo el premier interino iraquí en funciones, Adel Abdul-Mahdi, durante la sesión parlamentaria para votar la medida.
Estados Unidos relacionaba el asesinato del alto mando castrense persa y sus compañeros –ordenado según el Pentágono directamente por el presidente Donald Trump— con el asalto del pasado 31 de diciembre a su embajada en Bagdad. Decía que Irán estaba detrás de las protestas populares, alegación que los propios iraquíes niegan categóricamente.
“La embajada estadounidense en Bagdad es un centro de complots; un lugar donde surgen los vándalos y saboteadores”, señaló en aquel entonces Qais al-Jazali, líder del grupo iraquí Asaib Ahl al-Haq, que forma parte de las Unidades de Movilización Popular de Irak.
De hecho, un ataque aéreo estadounidense a las posiciones de Al-Hashad Al-Shabi en el oeste de Irak fue el detonante de la multitudinaria marcha que concluyó en el aludido asalto popular a la legación estadounidense en Bagdad, la más grande en el mundo.
Miles de enlutados iraquíes, indignados por la conducta humillante del Ejército estadounidense, acudieron en la última jornada del 2019 al funeral de las víctimas mortales del mismo ataque estadounidense en la provincia de Al-Anbar y lograron irrumpir en el recinto de la embajada, peor aún, izar la bandera de las fuerzas populares a la entrada de la embajada.
Todo se inició el 29 de diciembre, cuando los drones y cazas F-16 estadounidenses bombardearon las bases del Movimiento de Resistencia Islámica de Irak, conocido como Kataeb Hezbolá y una rama de Al-Hashad Al-Shabi, en el distrito occidental de Al-Qaim, en la frontera con Siria.
mrg/ktg/rba
