En un comunicado emitido este lunes, Al critica que las instituciones pertinentes de la Unión Europea (UE) ignoran su tarea de acabar con las violaciones de derechos humanos cometidas con software espía.
Las nuevas investigaciones llevadas a cabo por Citizen Lab, un grupo de expertos con sede en Canadá, han revelado que decenas de figuras políticas catalanas, periodistas y sus familias sufrieron ataques con el software israelí Pegasus y, en cierta medida, con el también israelí Candiru, que solo se venden a los entes gubernamentales.
Entre las víctimas de tal software están Elisenda Paluzie y Sònia Urpí Garcia, que trabajan con la Asamblea Nacional Catalana, organización que trata de materializar la independencia política catalana respecto a España.
El teléfono de la periodista catalana Meritxell Bonet fue hackeado en junio de 2019. Bonet fue atacada en los últimos días de una causa del Tribunal Supremo contra su esposo, Jordi Cuixart, activista y expresidente de la asociación Ómnium Cultural, condenado por “sedición”.
Según Al, el profesor universitario y activista catalán Jordi Sánchez fue espiado con Pegasus desde septiembre de 2015 hasta julio de 2020. Su teléfono fue infectado con éxito por Pegasus el 13 de octubre de 2017, días antes de que Sánchez fuera detenido también bajo acusaciones de “sedición”.
En octubre de 2020, Amnistía Internacional España escribió al Gobierno central pidiéndole información sobre los contratos con empresas privadas de vigilancia digital, que no fue revelada
La empresa israelí de software espía NSO Group asegura que solo vende sus productos a los Gobiernos y que sus herramientas están pensadas para combatir el crimen organizado y el terrorismo.
“El Gobierno español debe aclarar si es o no un cliente de NSO Group” declara en la nota Likhita Banerji, investigadora de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Las fechas del espionaje coinciden con los años más convulsos en Cataluña con motivo del referéndum de secesión que promovió el Ejecutivo catalán en octubre de 2017, y que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.
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