El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo (TS), ha acordado este martes dar por terminada la investigación sobre el proceso independentista de Cataluña (noreste) dictando la suspensión de cargo público de los diputados catalanes Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, que están en prisión preventiva, así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania.
Todo ellos están procesados por rebelión y otros delitos por su papel protagonista en el proceso separatista impulsado en Cataluña, que culminó el 27 de octubre de 2017 con una declaración de independencia del parlamento autonómico, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional español.
La decisión del juez responde la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión automática para ejercer cargo público de los procesados por rebelión para los que se haya decretado la prisión provisional.
La suspensión política cautelar impide a los afectados por esta medida seguir delegando su voto desde los centros penitenciarios en los que se encuentran o desde su paradero en el extranjero, en el caso de Puigdemont.
Con este veredicto, el magistrado del Supremo concluye el sumario de la causa respecto a los procesados no fugados, pero respecto a los que se encuentran huidos, incluido Carles Puigdemont, los declara en rebeldía y suspende el curso de la causa contra ellos. Quedarán en otra pieza separada mientras no estén a disposición del juez.
La suspensión de cargo obligará a los diputados a dejar su escaño autonómico y ser reemplazados por los siguientes de las candidaturas con las que se presentaron a las elecciones autonómicas de diciembre pasado, en los que las fuerzas independentistas lograron la mayoría parlamentaria.
Se trata de un nuevo conflicto entre el poder judicial y el legislativo catalán dado que los secesionistas, cuya mayoría en la cámara está ahora en el aire, ya han mostrado su intención de resistirse con todos los mecanismos disponibles a la suspensión de los diputados.
La primera consecuencia política de la decisión de Llarena es la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament: la suspensión afecta a seis de los 70 diputados independentistas. Esto hace que los secesionistas, en la práctica, cuenten con 63 escaños, frente a los 65 que suma la oposición.
tmv/mla/zss/rba
