Nervios, corrillos y desconcierto, todo esto ha regresado al Parlamento catalán tras la decisión del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de posponer la investidura del cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la prohibición expresa del Tribunal Constitucional (TC). Torrent, no obstante, ha mantenido a Puigdemont como candidato.
El presidente del Parlament ha aplazado el pleno sin desconvocarlo y ha anunciado alegaciones al alto tribunal contra las medidas cautelares impuestas. El aplazamiento ha despertado las tensiones entre los partidos independentistas, con mayoría en la Cámara después de la renuncia de los diputados en Bruselas (Bélgica).
Las formaciones unionistas han enfatizado las divisiones del independentismo y han celebrado el aplazamiento, aunque con matices. El Partido Popular (PP) ha retado a la líder en Cataluña de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a presentare a la investidura y Ciutadans ha exigido al acatamiento de la legalidad.
A pesar de la dilación, la sociedad civil independentista ha mantenido la presión en la calle con una gran movilización que se ha saltado el cordón policial presente en el Parlamento para clamar a favor de Puigdemont.
A partir de ahora se abre un periodo de 10 días para que el Tribunal Constitucional resuelva los alegatos independentistas, en una situación sin precedentes con la investidura a expensas de interpretación jurídica. El juez ya denegó con anterioridad al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, la posibilidad de asistir al pleno desde prisión y sólo les había autorizó a delegar su voto.
Oriol Puig, Barcelona.
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