Según un memorando obtenido por The Associated Press, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el gobierno tiene la facultad de deportar a residentes legales del país con base en sus “creencias, declaraciones o asociaciones, ya sean pasadas, presentes o futuras, que, en otras circunstancias, serían legales”.
El memorando se emitió en respuesta a la solicitud de un juez federal de presentar pruebas en el caso contra Mahmud Jalil, un activista estudiantil propalestino.
Rubio fundamentó su posición en una ley de 1952, que otorga al secretario de Estado la autoridad para ordenar la deportación de una persona si considera que su presencia podría tener consecuencias gravemente adversas para la política exterior del país.
Esta cláusula, poco utilizada, es ambigua; sin embargo, expertos legales afirman que el gobierno federal no puede revocar unilateralmente la residencia permanente de una persona.
En otras declaraciones, Marco Rubio sostuvo que la participación de Mahmud Jalil en las protestas propalestinas en el campus de la Universidad de Columbia constituye una creencia susceptible de deportación, con base en la “política estadounidense para combatir” a lo que llamó “el antisemitismo en todo el mundo”.
Baher Azmy, parte del equipo legal que defiende a Jalil, argumentó que este caso pone en cuestión si los residentes permanentes legales y otros inmigrantes en Estados Unidos pueden criticar abiertamente los ataques del régimen de Israel contra la Franja de Gaza y Palestina sin enfrentar el riesgo de deportación. Además, planteó la preocupación de si los ciudadanos estadounidenses podrían ser los próximos en enfrentar consecuencias similares.
En la misma línea, el abogado Johnny Sinodis afirmó que el gobierno ha reconocido no tener fundamentos sólidos contra Khalil. Destacó que el memorando de Rubio carece de cualquier evidencia que demuestre que Khalil supone una amenaza. La defensa espera que el juez desestime el caso por falta de pruebas.
Expertos legales advierten que, de no ser cuestionada, la autoridad que Rubio reclama podría significar una seria erosión de las libertades civiles en Estados Unidos.
Mahmud Jalil, quien posee una tarjeta verde, fue arrestado por funcionarios de inmigración y acusado por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) tras organizar protestas en la Universidad de Columbia contra el régimen israelí.
La Administración Trump ha sostenido que Jalil puede ser deportado, argumentando que los derechos de libertad de expresión no se aplican en los mismos términos a quienes no son ciudadanos estadounidenses.
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