Mahmud Jalil, estudiante de la Universidad de Columbia, fue detenido el sábado por la noche por dos agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el edificio de apartamentos, propiedad de la universidad, donde vive con su esposa, ciudadana estadounidense, por ayudar a encabezar el movimiento de protesta estudiantil de Columbia que exigía un alto el fuego en Gaza.
Las autoridades federales de inmigración dijeron estar actuando en virtud de una orden del Departamento de Estado de revocar la tarjeta de residencia de Jalil, según su abogado.
Al comentar el caso en su cuenta de X, Francesca Albanese, relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, dijo el lunes que, según el derecho internacional, “perseguir a quienes se oponen al apartheid constituye el apartheid en sí mismo”.
La responsable de la ONU hizo hincapié en que “defender al defensor es un deber cívico global” porque podemos estar ante un caso de apartheid global.
Un juez federal de Nueva York prohibió temporalmente que la Administración del presidente, Donald Trump, deporte al activista detenido, hasta una audiencia programada para este miércoles.
El arresto de Jalil es la última escalada de Trump –en lo que él llama “el primer arresto de muchos por venir”– para reprimir las manifestaciones propalestinas en los campus universitarios, y se produce días después de que prometiera deportar a los estudiantes extranjeros y encarcelar a los “agitadores” involucrados en “protestas ilegales”.
El lunes por la noche, cientos de personas portaban banderas palestinas y pancartas mientras marchaban por el bajo Manhattan y pedían la liberación inmediata de Jalil. Los manifestantes también exigieron el cese del genocidio israelí contra el pueblo palestino y llevar ante la justicia a los criminales de guerra israelíes.
Amy Greer, abogada de Jalil, fustigó a la Administración de Trump por intentar silenciar las voces que apoyan al pueblo palestino y critican el ataque de Israel contra Gaza. “El Gobierno estadounidense ha dejado claro que utilizará la aplicación de las leyes de inmigración como herramienta para reprimir ese discurso”, criticó.
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