La orden ejecutiva rubricada este jueves impone sanciones financieras y de visas al personal de la CPI y sus familiares que colaboren en las investigaciones de la Corte sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos como Israel.
“La Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, pues ninguno de los dos países es signatario del Estatuto de Roma o miembro del tribunal”, dice el texto de la orden, indicando que Washington espera que sus aliados se opongan a las acciones de la CPI contra Israel.
La orden coincide con una visita a la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, buscado por la CPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza desde octubre de 2023.
La orden acusa al tribunal de emitir órdenes de arresto “infundadas” contra Netanyahu, y su exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
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Según la orden ejecutiva, las investigaciones criminales internacionales representan una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Esos pasos “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a militares estadounidenses “al exponerlos a acoso, abuso y posible detención”, y perjudica “la seguridad nacional” del país, continúa el documento.
Durante el primer gobierno de Trump, en 2020, Washington impuso sanciones a la entonces fiscal Fatou Bensouda y a uno de sus principales asesores por la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
La CPI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las sanciones incluyen congelar los activos estadounidenses de las personas designadas y prohibirles a ellas y a sus familias visitar Estados Unidos.
La decisión de Trump viene a pesar de que el Senado de Estados Unidos rechazara a finales de enero un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que podría haber dado lugar a una legislación para sancionar a la CPI por las órdenes de arresto emitidas en noviembre contra Netanyahu y Gallant. Sin embargo, Trump tiene la autoridad de emitir una orden ejecutiva sin necesidad de una legislación.
La corte informó recientemente que ya había tomando medidas para proteger al personal de posibles sanciones de Estados Unidos, pagando salarios con tres meses de anticipación, ya que se preparó para restricciones financieras que podrían paralizar el tribunal de crímenes de guerra, indicaron las fuentes a la agencia Reuters el mes pasado.
La CPI, con sede en La Haya, es el primer tribunal penal internacional permanente del mundo con jurisdicción para procesar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión.
Netanyahu es la primera autoridad respaldada por Occidente que es objeto de una orden de arresto por parte del tribunal.
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