“Nos preocupa que la criptomoneda pueda proporcionarle a Maduro un mecanismo por el cual realizar pagos a prestamistas extranjeros y tenedores de bonos en EE.UU., acciones que claramente frustrarían la intención de las sanciones impuestas por Estados Unidos”, escribieron los senadores en su carta enviada a finales del pasado mes de enero al Departamento del Tesoro del país norteamericano, revelada el sábado.
Los legisladores también instaron a esta instancia a monitorear el progreso del petro y brindar información sobre qué acciones podría tomar el Departamento para frustrar los intentos de Venezuela para eludir los embargos.
Menéndez también llevó el tema a una audiencia convocada por el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, pero según los informes, todavía ni el presidente de la Comisión, Jay Clayton, ni el presidente de la Comisión de Comercio de Materias Primas, J. Christopher Giancarlo, han respondido si sus agencias toman medidas para hacer frente a los efectos de la preventa del petro en el país sudamericano.
Nos preocupa que la criptomoneda pueda proporcionarle a Maduro (presidente venezolano) un mecanismo por el cual realizar pagos a prestamistas extranjeros y tenedores de bonos en EE.UU., acciones que claramente frustrarían la intención de las sanciones impuestas por Estados Unidos”, afirmaron los senadores de EE.UU., Robert Menéndez y Marco Rubio.
En enero pasado, el departamento del Tesoro publicó un comunicado en el que advirtieron a los ciudadanos de EE.UU. que buscan operan con la posible moneda digital venezolana y los amenazaron de riesgo de sanciones de Washington.
El Gobierno de Venezuela inició el martes la preventa del petro, criptomoneda lanzada por Maduro para combatir el bloqueo financiero impuesto por EE.UU. al país, captar inversiones y generar un nuevo mecanismo de pago de bienes y servicios.
Caracas ha denunciado en reiteradas ocasiones ser blanco de una “guerra financiera mundial”, ofensiva, que a su juicio, está dirigida por el “imperialismo” estadounidense que, además de imponer duros embargos, busca perjudicar a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y crear un “paro silencioso” en el sistema petrolero de este país.
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