“Dada la larga lista de motivos de preocupación a los que he aludido (…) es difícil imaginar un escenario en el que el presidente (Barack Obama) firmase el texto, tal y como está redactado ahora”, dijo el lunes el portavoz de la Casa Blanca, Joshua Earnest.
Según el portavoz, el proyecto de ley presentado en septiembre pasado por los senadores Charles Schumer (demócrata) y John Cornyn (republicano) podría hacer que otros países adopten medidas recíprocas, es decir, que retirasen la inmunidad a responsables políticos estadounidenses implicados en asesinatos fuera de sus fronteras.
Dada la larga lista de motivos de preocupación a los que he aludido (…) es difícil imaginar un escenario en el que el presidente (Barack Obama) firmase el texto, tal y como está redactado ahora”, dice Joshua Earnest, portavoz de la Casa Blanca.
“Podría someter a Estados Unidos, a nuestros contribuyentes y a los miembros de nuestros servicios y diplomáticos a riesgos significativos si otros países adoptasen leyes similares”, dijo Earnest, que estimó que “está en juego el concepto de inmunidad soberana como tal”.
El trámite del proyecto de ley —aprobado en enero por la Comisión Judicial del Senado— ha disparado las denuncias del papel en los atentados del 11 de septiembre de 2001 de Arabia Saudí, de donde procedían 15 de los 19 terroristas directamente implicados, según las autoridades, y de Israel, de donde eran los 5 empleados de la empresa Urban Moving Systems detenidos filmando desde lejos el derribo de las torres de Nueva York, entre muestras de alegría y burlas.
Mientras tanto, la Casa Blanca permite a particulares estadounidenses usar la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, junto con jurisprudencia politizada del Tribunal Federal de EE.UU., para exigir responsabilidades de delitos presuntamente cometidos por saudíes contra Irán, a quien sigue acusando de patrocinar el terrorismo.
Arabia Saudí ha amenazado a Washington con deshacerse de 750 mil millones de dólares en activos estadounidenses si la ley resulta aprobada, publicó el sábado el diario The New York Times, desatando la indignación en parte de la clase política del país norteamericano.
Si el Congreso, de mayoría republicana, aprueba la ley, los tribunales estadounidenses podrían ordenar inmovilizar fondos de Arabia Saudí en territorio norteamericano.
En su comparecencia, Earnest lanzó una advertencia a Riad: “Un país con una economía moderna y amplia como Arabia Saudí no se beneficiaría de un mercado financiero mundial desestabilizado, como tampoco lo harían los Estados Unidos”.
Sin embargo, el portavoz dijo no estar seguro de que Obama abordase la cuestión en su reunión con el rey saudí, Salman bin Abdulaziz, en la visita al reino wahabí que tiene previsto comenzar mañana miércoles.
Desde hace meses, legisladores estadounidenses reclaman a la Casa Blanca que desclasifique 28 páginas del informe del Congreso sobre el 11-S que podrían revelar una complicidad de Arabia Saudí en los atentados.
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