El Ministerio de Justicia de Bélgica ha rechazado este viernes la solicitud de Ecuador para la extradición de Rafael Correa, tal como recoge la agencia española de noticias EFE, citando al abogado del exmandatario ecuatoriano, Christophe Marchand.
Además de denegar la solicitud de extradición de Correa, considerando que los procesos penales abiertos en su contra son manifiestamente contrarios al derecho a un juicio justo, la Cartera belga ha afirmado que “se negará a cooperar con la Justicia ecuatoriana en el marco de procesos políticos”.
Igualmente, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a través de la Comisión de Control de Expedientes, no ha aceptado emitir las notificaciones rojas exigidas por Ecuador por “la apariencia de flagrante denegación de justicia y del carácter político del caso”, ha asegurado la defensa del exmandatario.
El 22 de abril, Bélgica confirmó haber otorgado asilo a Correa en ese país, de donde es oriunda su esposa, Ann Malherbede, y que reside desde 2017, un día después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador solicitara a este país la extradición del ex jefe de Estado para cumplir con la pena privativa de libertad impuesta en su contra por su participación en calidad de autoría inmediata en el delito de cohecho.
Nuevo ridículo de Saquicela, Cancillería, Gobierno y «justicia» del 🇪🇨.
— Rafael Correa (@MashiRafael) May 6, 2022
No entienden que están perdidos. Todo es cuestión de tiempo, y tendrán que responder por todos sus abusos.
¡Ya no destruyan la Patria!
¡Venceremos!✊🏽#LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/67PhfOxFEr
El expresidente ecuatoriano presentó el pedido de asilo al país europeo en 2018 después de que en Ecuador se inició un proceso legal contra él, acusándole del secuestro de un opositor en 2012, en lo que se llegó a denominar el “caso Balda”.
Correa, que gobernó en Ecuador de 2007 a 2017, fue sentenciado a ocho años de cárcel por corrupción y sobornos (2012-2016).
Sin embargo, el expresidente siempre ha negado cualquier vinculación con el caso Balda y señala que la acusación forma parte de una vulgar persecución política y mediática.
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