Entre las instituciones señaladas por el presidente electo Luis Abinader para ser eliminadas una vez asuma el cargo el próximo 16 de agosto, figura la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Los graves actos de corrupción vinculados a esta entidad incluyen el suicidio de un arquitecto en su sede en el año 2015.
Otra institución que será suprimida por las nuevas autoridades es el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). La corrupción en esta empresa del estado provocó en 2017 el asesinato de dos personas y el suicidio del agresor.
Altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que serán funcionarios en el Gobierno de Luis Abinader, aseguran que la eliminación de estas entidades no implicará un despido indiscriminado de sus empleados.
Mientras tanto, Faride Raful, diputada del PRM y próxima senadora de la capital del país, anunció que introducirá en la Cámara Alta un proyecto de ley para suprimir 58 instituciones del Estado.
En la mayoría se trata de empresas gubernamentales con funciones duplicadas: la legisladora asegura que con su eliminación el Estado se ahorraría más de 250 millones de dólares al año.
Stephanie Andújar, Santo Domingo.
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