A más de un mes de las protestas sociales en Colombia, la represión policial y militar se mantiene como uno de los focos de la indignación ciudadana. Los grupos de derechos humanos condenan el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las violaciones que han sufrido los detenidos a manos de los uniformados.
Según una orden emitida hace una semana, el Gobierno de Iván Duque ha pedido a las autoridades locales de Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Cali que acompañen la presencia de las fuerzas militares y los efectivos policiales en las calles para blindar la seguridad del país.
El periódico local El Espectador asegura este viernes que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha llamado a Duque a explicar la razón de la militarización de Colombia y a los altos mandos policiales por la brutal represión de las protestas.
Además, ha demandado al Alto Comisionado para la Paz investigar el proceso de la negociación con el Comité Nacional del Paro, y a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ahondar en las denuncias que existen sobre la violación de los derechos humanos durante el estallido social.
Colombia vive un estallido social como consecuencia de unas reformas económicas propuestas por el Ejecutivo neoliberal de Duque, aunque el ímpetu de los activistas finalmente evitó la aprobación de estos planes.
No obstante, estas manifestaciones han continuado sucediéndose después de que sus líderes ampliaron sus demandas para incluir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial, incluyendo la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
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