En una declaración publicada el lunes por siete presos mapuche, encarcelados en el sur del país, anunciaron haber tomado la decisión de sumarse a la huelga de uno de sus líderes espirituales ante el nulo avance del Gobierno en las demandas hechas por integrantes de este pueblo indígena para llegar a una solución política entre ambas partes.
Los referidos presos informaron que se sumaban a la huelga de hambre, “en apoyo a la movilización de los camaradas, por su libertad inmediata y la de todos los presos políticos mapuche y no mapuche”, e instaron al Estado a “respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos por Chile”.
Las organizaciones mapuche y el Observatorio Ciudadano de Chile insistieron en su petición para que se ejecute un cambio en las normativas para el cumplimiento de sus condenas, en concreto, abogan por cumplirlas en sus comunidades, de acuerdo a sus condiciones culturales.
Eso está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero, hasta ahora, las autoridades chilenas han hecho oídos sordos a sus solicitudes.
Esto mientras el estado de salud del mencionado líder espiritual, Celestino Córdova es débil y en riesgo de secuelas permanentes, considerando las secuelas que la prolongada huelga de hambre podría acarrear a su salud.
Córdova realiza una huelga de hambre en la cárcel de la ciudad de Temuco, a unos 675 kilómetros al sur de Santiago, la capital, desde el 4 de mayo. Poco a poco, a él se suman otros mapuche hacinados en el Centro Penitenciario de la ciudad de Angol.
“Asumimos esta huelga de hambre por nuestra creencia espiritual, por la vida, por la salud, por nuestra tierra, por nuestro territorio, por nuestra madre naturaleza y la conservación de esta, por la lealtad a nuestros antepasados, por la libertad y la dignidad de todas nuestras generaciones”, aseveró el líder espiritual en su último mensaje desde la cárcel.
Los activistas responsabilizan al Gobierno chileno, presidido por Sebastián Piñera, por esta actuación “racista y discriminatoria contra los presos políticos mapuche”.
Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos de La Araucanía, en conjunto con el Observatorio Ciudadano, pidieron la intervención del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, para hallar un camino hacia la paz.
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