En un comunicado, emitido el jueves, el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), determinó que “existe un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo mapuche en Chile contra los que defienden sus derechos fundamentales y tratan de mantener su estilo de vida tradicional”.
La nota iba anexada con una solicitud a Suiza para anular la orden de deportación a Chile de la representante mapuche Flor Agustina Calfunao Paillalef, ante la posibilidad de que pudiera enfrentar torturas en el país austral.
Calfunao, miembro de la comunidad Juan Paillalef en la región de La Araucanía, vive desde 1996 en Suiza, desde donde ha denunciado una serie de abusos contra el pueblo mapuche y defendido a indígenas frente a terratenientes y empresas.
El comité advirtió de que la deportación de Calfunao “la pondría en riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como lo indica el trato sufrido por varios miembros de su familia”.
Llamó, asimismo, a las autoridades suizas a reexaminar la solicitud de asilo de la activista mapuche y recordó la responsabilidad de Berna de protegerla, dado que las autoridades competentes en Chile no ejercieron la diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar malos tratos sufridos por indígenas mapuche.
Tras el último rechazo a su solicitud de asilo (julio de 2018), la activista mapuche ha llevado el caso ante el Comité de Naciones Unidas.
Suiza, si bien reconoce una intensificación de las campañas en Chile contra los activistas mapuches y un “aumento de la represión” por parte de fuerzas estatales y paramilitares, ha negado varias veces el derecho de asilo a Calfunao al no ver una “persecución colectiva”.
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Las autoridades del Wallmapu han designado a Calfunao como embajadora de la “Misión Permanente Mapuche ante la ONU”, que se creó en 2011 y tiene estatus de observador en la sede europea de las Naciones Unidas.
El caso de la activista mapuche sale a la palestra en un contexto en que el Gobierno chileno, presidido por Sebastián Piñera, afronta graves denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el estallido social que vive el país austral desde hace más de dos meses.
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