El Tribunal Supremo de Brasil culpó el jueves al primero en ser analizado por lo sucedido el pasado 8 de enero. Aécio Lúcio Pereira, de 51 años, fue sentenciado por cinco crímenes como golpe de Estado, asociación para delinquir y daños al patrimonio público.
El relator del caso, el juez Alexandre de Moraes, al hacer alusión a las banderas que llevaban los delincuentes, exigiendo la intervención militar para tumbar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, instó la pena máxima a Pereira porque había violado el patrimonio público y las instalaciones del Congreso.
Pereira, un empleado de una empresa de gestión de aguas residuales en São Paulo, durante la violenta invasión a los tres Poderes por los partidarios de Bolsonaro llevaba una camiseta con el eslogan de “intervención militar ya”.
En las redes sociales se circulaba vídeos en los que se veía el individuo detrás de las mesas del Senado elogiando a otras personas que también habían irrumpido en el edificio.
Nueve meses después de que los actos de vandalismo contra las sedes de los tres Poderes en Brasilia dieron la vuelta al mundo, para derrocar a un presidente recién instalado, llegó la hora para que los responsables de los asaltos rindan cuentas.
El Tribunal Supremo de Brasil ha imputado a otras 250 personas por los hechos violentos del 8 de enero, y durante este sucedido más de mil personas fueros detenidas.
Hace días, el presidente Lula da Silva dijo que su antecesor ultraderechista está involucrado “hasta los dientes” en los ataques, en los que miles de bolsonaristas enfurecidos destrozaron las icónicas sedes del presidencial Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
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