El 8 de noviembre, en su primer discurso como presidente, Arce advirtió que los únicos que deben temer en su país eran los infractores, los criminales, los violentos y los que cometieran actos de corrupción.
Cuatro días después de su investura, el mandatario nombró a Wilfredo Chávez como titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), quien, tras visitar 17 despachos ministeriales, denunció que el gobierno de facto, presidido por Jeanine Áñez, había operado “solo para su bolsillo”.
En un informe publicado este viernes, la agencia rusa RT recoge los cinco casos “emblemáticos” de corrupción del gobierno de Áñez, —como los catalogó el nuevo procurador boliviano— no solo por la cantidad de dinero presuntamente desfalcado, sino por involucrar asuntos de salud en medio de la pandemia del nuevo coronavirus que asola el mundo.
El caso de la compra irregular de respiradores artificiales para pacientes con coronavirus. Según el gobierno de facto, se pagaron a un precio de 28 080 dólares por unidad, pero la fábrica aclaró posteriormente que cada respirador tenía un costo de 7234 dólares, lo que equivale a un sobreprecio de 3,3 millones de dólares. Pero, la grave situación con estos elementos vitales en medio de la crisis sanitaria no terminó ahí. A tres meses de iniciada la investigación, desde la firma IME dijeron que el equipo de Áñez reconoció que no sabía dónde estaban los respiradores que habían comprado.
También avanza en los tribunales una causa por la compra de 2000 tapabocas KN 95, con un sobreprecio de 65 bolivianos (más de 9 dólares por unidad).
Asimismo, la empresa estatal de telecomunicaciones Entel, una de las más importantes del país, recibió cuatro denuncias por irregularidades durante el año de mandato de Áñez. El mayor escándalo tiene que ver con sueldos e indemnizaciones insólitas e injustificadas en la compañía.
Además, bajo la presidencia de Herland Javier Soliz en YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), la empresa petrolera estatal, se detectaron unos tres casos de presunta corrupción, por contrataciones millonarias de emergencia, hechas al amparo de decretos que autorizaron compras directas, sin licitación. Los movimientos sospechosos tienen que ver con una compra a futuro de combustibles a una empresa de Panamá, por unos 150 millones de dólares; un cambio de seguro corporativo que luego quedó sin efecto, y un tercer presunto desfalco por la contratación de servicios de alimentación y limpieza.
El aludido procurador denunció también que, a días de dejar el poder, el gobierno de facto pagó desde el viceministerio de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 240 millones de bolivianos (37 millones de dólares) a una compañía del empresario Rosendo Barbery, para la construcción de viviendas.
Según Chávez, en los últimos días previos al cambio de mando se realizó la entrega de dos propiedades, de cerca de 40 000 hectáreas, a la familia Marinković, ligada al último ministro de Economía de Áñez, Branko Marinković, un millonario empresario de origen croata que estuvo diez años exiliado en Brasil, tras ser acusado por el Gobierno de Morales de financiar una guerra secesionista para separar a Santa Cruz del resto de Bolivia, en 2008.
Otros casos graves, aunque de menor perjuicio para el Estado, tuvieron como acusada directamente a Áñez, por el uso de aviones oficiales para viajes privados, y por haber nombrado en diferentes cargos políticos a al menos 17 familiares.
A todas estas causas se suman las investigaciones sobre la represión policial y las masacres durante el casi año que Bolivia funcionó bajo un gobierno ilegítimo. Ante estos hechos, dos ministros de facto han huido del país.
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