En un acto conmemorativo del primer aniversario de la masacre de Sacaba, Nadia Cruz, la titular de la Defensoría del Pueblo, denunció el domingo que la investigación para esclarecer las masacres en Bolivia está en fase preliminar por la falta de cooperación de algunos sectores militares que, de hecho, obstaculizan las indagaciones al no entregar la información requerida para aclarar los hechos ocurridos en 2019.
Cruz lamentó la impunidad en el caso durante el gobierno de facto que asumió el poder tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) y denunció que algunos jefes militares ocultan información o la declaran como reservada para entorpecer el proceso.
Aseguró que durante este año la Fiscalía General no ha hecho nada y a la Policía Boliviana, que era la encargada de dirigir la investigación, no le interesó “esclarecer” estos hechos.
“La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio Público y al Órgano Judicial a dar celeridad a las investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones, para buscar memora, verdad y justicia para las víctimas y sus familiares y que estos asesinatos no queden impunes”, dijo la defensora del Pueblo.
El exmandatario Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre de 2019 tras una ola de protestas protagonizadas por la oposición, que desconoció su reelección en los comicios presidenciales del 20 de octubre, para, como explicó, evitar un “baño de sangre”, lo que provocó masivas protestas de sus partidarios exigiendo su regreso y la salida del gobierno de facto.
En las manifestaciones, las Fuerzas Armadas usaron armas y agentes químicos para dispersar a los manifestantes, mientras que la presidenta del gobierno de facto, Jeanine Áñez emitió un decreto que eximía de cualquier “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad que reprimieran las protestas contra el golpe de Estado.
Los días 15 y 19 de noviembre, la Policía boliviana cometió masacres en Sacaba y Senkata, respectivamente: asesinaron a al menos 18 seguidores de Morales.
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