“Existen serios indicios de daño económico causado al Estado por la adquisición de agentes químicos y otros no letales, con sobreprecio a ser determinado por la Contraloría General”, señaló el lunes una comisión investigadora especial de senadores y diputados, en un informe aprobado por el plenario del Parlamento.
La presidenta del gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, refutó esta decisión y acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) de controlar la legislatura, así como de intentar silenciar a sus rivales políticos.
Al respecto, la presidenta transitoria ha escrito este martes en su cuenta de Twitter que “el MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto”, al mismo tiempo que ha salido en defensa de los ministros con mayor peso político de su gabinete agregando que, el suyo, “es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”.
Los titulares del gobierno de facto mencionados como responsables de incumplir sus deberes y de conducta antieconómica son: Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Luis Fernando López (ministro de Defensa), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia) y Oscar Soliz (ministro de Economía).
El dictamen aprobado por el Parlamento también señaló a Waldo Ramos Jurado, presidente de la Aduana, por presuntas irregularidades en la importación de los materiales antidisturbios.
Además, el documento indica que los ministros de Gobierno y de Defensa habrían violado la ley al realizar una compra de gases lacrimógenos y otros materiales, en vez del Comando de la Policía, que era el que hizo la solicitud de esa operación.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia anunció el mismo lunes que Áñez tendrá que responder ante la justicia por las masacres de manifestantes ocurridas en los primeros días de su gestión en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
El depuesto presidente boliviano, Evo Morales, renunció el 10 de noviembre de 2019 a su cargo para evitar que se produjeran actos violentos en el país y la entonces senadora opositora aprovechó tal coyuntura y se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales para ello. De hecho, Áñez, durante el período que ha estado al frente de la Presidencia de la nación andina, ha intentado desviar la atención pública de la corrupción de su propio gobierno, persiguiendo e imputando delitos tanto a Morales como a su delfín y actual presidente entrante, Luis Arce.
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