Un informe elaborado por el diario estadounidense The New York Times (NYT), publicado el sábado y basándose en las nuevas estadísticas de mortandad que ofrecieron las autoridades del gobierno de facto boliviano, revela que el número real de muertes supera con creces al oficial, lo que significaría que el país andino atraviesa por una situación bastante crítica a nivel sanitario.
“El número real de muertes durante el brote es casi cinco veces mayor que la cifra oficial, lo que indica que Bolivia ha sufrido una de las peores epidemias del mundo”, señala el dosier.
A este respecto, Andrés Flores, director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), asegura en el reporte que “el recuento oficial de los fallecidos de la COVID-19 era muy bajo”, enfatizando que las vidas adicionales perdidas, “en su gran mayoría, no se reconocen” ante la escasez de pruebas por la falta de reactivos y la crisis política imperante.
Asimismo, la publicación destaca en su análisis que la tasa de mortandad, en conformidad con el número de habitantes del país sudamericano, es “más del doble que la de EE.UU., y muy superior a los niveles de Italia, España y el Reino Unido”.
Desde junio, cerca de 20 000 bolivianos han perdido la vida por la COVID-19, una cifra “enorme” si se tiene en cuenta que Bolivia es un Estado cuya población apenas se sitúa en 11 millones de habitantes, de acuerdo con NYT.
La misma jornada del sábado, el Ministerio de Salud del gobierno de facto anunció que la cifra de contagios diarios había bajado de las 1000 personas, situándose en 992; sin embargo, dicho dato todavía no resulta nada halagüeño, pues el número de afectados por el brote vírico en el país andino es de 108 427 personas.
La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que llegó al poder a través de un golpe de Estado que obligó al depuesto presidente boliviano, Evo Morales, a presentar su dimisión, ha sido criticada por su mala gestión de la COVID-19. De hecho, el gobierno de facto, en vez de invertir en el sector de la salud, autorizó la asignación de más de cinco millones de dólares para la compra de agentes químicos que se utilizan en la represión de manifestaciones.
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