"El rechazo por parte de las autoridades birmanas de tomar una posición firme contra su 'línea dura' y la adopción de una postura defensiva, más que una aproximación activa a la hora de proporcionar seguridad a la población local, han generado frustración interna y decepción internacional", dijo el viernes Vijay Nambiar, consejero especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Nambiar solicitó además a la consejera de Estado de Myanmar y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que visite Maungdaw y Buthidaung, en Rajine, (oeste de Myanmar), blanco de sangrienta represión y ataques del Ejército y los budistas extremistas desde el pasado mes de octubre.
El rechazo por parte de las autoridades birmanas de tomar una posición firme contra su 'línea dura' y la adopción de una postura defensiva, más que una aproximación activa a la hora de proporcionar seguridad a la población local, han generado frustración interna y decepción internacional", dijo Vijay Nambiar, consejero especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La represión fue lanzada inicialmente en respuesta al asesinato de nueve policías por el que las autoridades culparon a rohingyas. Pero, su objetivo final es "la limpieza étnica de la minoría musulmana en Myanmar", aseveró el jefe de la agencia de refugiados de la ONU en el sur de Bangladés.
Desde el comienzo de las operaciones, el estado de Rajine, donde vive la mayor parte de Rohingya, ha quedado clausurado para la prensa y la ayuda humanitaria. Es imposible, pues verificar las denuncias que hablan de numerosas exacciones a manos de los uniformados: ejecuciones sumarias, violaciones en grupo e incendios deliberados de aldeas enteras, algo documentado por la ONG Human Rights Watch (HRW) mediante fotografías satelitales.
Los actos de violencia han obligado a más de 20.000 civiles a abandonar sus hogares y huir a Bangladés, mientras que 86 personas, incluidos niños y mujeres, han muerto en una ofensiva militar que no tiene testigos.
A finales del mes pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que la violencia contra los musulmanes en Myanmar, equivale a “crímenes de lesa humanidad”. Según el informe, unos 3000 niños del norte de Rajine sufren malnutrición severa y se teme que "entre el 30 y el 50 %" de ellos fallezcan a causa del congelamiento de ayuda humanitaria impuesta por el Gobierno birmano.
Ante la profunda preocupación internacional por la continuación de la represión contra los rohingyas, el Ejecutivo birmano siempre ha negado cualquier problema en el país. Últimamente Suu Kyi en una reciente visita a Singapur rechazó las acusaciones de genocidio contra la comunidad rohingya, diciendo que "son sólo inventos".
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