Todas las embajadas del régimen de Israel en distintos países del mundo han recibido instrucciones de sumarse a una huelga general, prevista para este lunes, contra el plan de reforma judicial impulsada por el gabinete de Netanyahu, según una carta del principal sindicato de trabajadores israelíes, Histadrut.
Conforme a la misiva, vista por la agencia de noticias británica Reuters, el sindicato declara que las actividades del ministerio de relaciones exteriores de Israel tanto dentro como en el extranjero se limitarán a los servicios de emergencia y se le pide al personal que deje de trabajar en apoyo a otros sectores en huelga dentro de los territorios ocupados.
La paralisis casi es total. Los vuelos que salían del principal aeropuerto internacional de Israel han quedado en tierra, grandes cadenas de centros comerciales y universidades han cerrado sus puertas, y el grupo sindical más grande de Israel pidió a sus 800 000 miembros —en salud, tránsito, banca y otros campos— que dejaran de trabajar.
También, se espera que los gobiernos locales cierren los preescolares que administran y recortaran otros servicios, y el principal sindicato de médicos anunció que sus miembros también dejarían el trabajo
Presidente israelí pide "detención inmediata" de las reformas judiciales
En esta coyuntura, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha expresado preocupación por la seguridad, economía y sociedad israelí y ha pedido a Netanyahu que detenga la legislación de la reforma judicial, que la noche del domingo generó nuevas manifestaciones de repulsa.
“En nombre de la unidad del pueblo de Israel [...] los llamo a detener inmediatamente el proceso legislativo”, ha dicho Herzog en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
La polémica reforma, que busca otorgar más poder al ejecutivo, ha desencadenado multitudinarias protestas en todos los territorios ocupados y generado una profunda grieta en el régimen israelí.
De hecho, desde hace doce semanas, Israel es escenario de protestas masivas contra la controvertida reforma judicial destinada a limitar severamente los poderes del tribunal supremo y cambiar el sistema de elección de los jueces, propuesta por el gabinete de Netanyahu.
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