En este sentido, el investigador de campo de B'Tselem Iyad Haddad ha declarado este miércoles que la ONG se ha convertido en cómplice de las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados al reforzar la credibilidad de un sistema incapaz de proporcionar resultados ni tan solo una apariencia de justicia.
"B'Tselem ha llegado gradualmente a la conclusión de que la forma en la que se aplica la ley militar excluye desde el primer momento que se pueda alcanzar la justicia para las víctimas. No obstante, el hecho mismo de que exista el sistema sirve para aparentar que la ley y la justicia son aplicadas", ha señalado la organización no gubernamental.
B'Tselem ha llegado gradualmente a la conclusión de que la forma en la que se aplica la ley militar excluye desde el primer momento que se pueda alcanzar la justicia para las víctimas. No obstante, el hecho mismo de que exista el sistema sirve para aparentar que la ley y la justicia son aplicadas", ha señalado la ONG B'Tselem.
B'Tselem denuncia además que desde el comienzo de la segunda Intifada, a finales de 2000, la organización ha presentado 739 denuncias de violaciones israelíes de derechos de palestinos, de las que alrededor del 70 por ciento han dado lugar a una indagación tras la cual no tomaron medidas, o bien simplemente no se abrió ninguna investigación.
Asimismo, añade que esta medida significará que la única conexión que mantendrá B'Tselem con el ejército israelí será para demandar información, pero no va a remitir casos ni cooperar con las fuerzas de guerra más allá de lo que imponga la ley del régimen israelí.
En noviembre de 2014, el grupo pro derechos humanos Yesh Din informó de que al menos el 92 por ciento de las denuncias de palestinos de delitos perpetrados por colonos del régimen de Israel no recibía respuesta adecuada, ni era detenido el autor.
En las últimas semanas, el régimen de Israel ha intensificado sus normas contra la labor de las ONG. Un caso más reciente: en diciembre pasado, el gabinete israelí aprobó un controvertido proyecto de ley que obligará a las ONG que reciban más de la mitad de sus fondos de Gobiernos extranjeros a notificarlo en informes públicos.
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