De un centenar de presentaciones judiciales que piden investigar al mandatario por su posible implicación en la defraudación cometida, una fue aceptada el domingo por el fiscal Guillermo Marijuán y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello. Esta denuncia, por haber sido la primera, podría agrupar el resto.
Contra Milei pesan cargos por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” después de que el mandatario promocionó el pasado 14 de febrero en su cuenta X la criptomoneda $LIBRA que, tras su recomendación, subió rápidamente y a las pocas horas se desplomó.
El mandatario eliminó tras siete horas la publicación y afirmó no tener relación con el proyecto ni conocer sus detalles. Sin embargo, los denunciantes descartan la posibilidad de que el jefe del Gobierno no haya estado al tanto del proyecto.
La “megaestafa”, según los denunciantes, ha afectado a más de 40 000 personas que han sufrido pérdidas de patrimonio superiores a los 4000 millones de dólares.
Los denunciantes, entre ellos varios dirigentes políticos opositores y abogados argentinos, señalan a Milei como “partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas”.
La denuncia también afecta a figuras cercanas al círculo del presidente involucradas en la “megaestafa”, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem y vicepresidente del partido de Milei. Asimismo, la estafa incluye entre otros, al empresario y CEO de Kip Protocol, Julian Peh, que desarrolló la criptodivisa.
Durante el tiempo en el que el mensaje de Milei estuvo visible, la demanda por la criptodivisa se disparó y su valor se infló.
La demanda sostiene que hubo “coordinación” entre el momento en que se hizo público el proyecto y el tuit de promoción de Milei, por lo que denuncian que el mandatario, tiene un papel principal en la megaestafa por “dar confiabilidad y respaldo al proyecto”.
Como medidas cautelares, los denunciantes han solicitado a la justicia argentina registros en la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y a la Presidencia de la Nación para incautar los equipos electrónicos, así como identificar y registrar los domicilios de los denunciados y de las empresas implicadas.
También solicitaron el bloqueo de las carteras digitales y cuentas bancarias de Milei y otros denunciados e implementar medidas de trazabilidad de las transacciones de $LIBRA para identificar a los beneficiarios de la estafa.
Pese a pedir disculpas a los afectados, el presidente podría enfrentar además un juicio político por el caso, después de que distintos referentes y sectores de la oposición anunciaran que presentarán el pedido este lunes en el Congreso.
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