Activistas denuncian que las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos y las redadas del gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, solo benefician a los grupos del crimen organizado en la Frontera Sur de México para que cobren miles de dólares sobre a todos a mujeres y niños con alguna vulnerabilidad.
Activistas y migrantes señalan que en el caso de la Frontera Sur de México, la burocracia y las políticas de Donald Trump hacen imposible solicitar a extranjeros la petición de refugio que provocando que se queden mucho tiempo para que les den una resolución sabiendo que las personas vienen con recursos limitados.
Los especialistas pidieron al gobierno de Claudia Sheinbaum asumir sus responsabilidades y brindar la ayuda a los extranjeros en México.
Activistas y migrantes piden a las autoridades de México ejercer políticas migratorias apegadas a los derechos humanos para brindar la atención adecuada a los extranjeros para no exponerlos al crimen organizado con las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos.
Lizeth Coello, Chiapas
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